Hablando de lo nuestro: el Impuesto del Agua

Arrojo
Articulo de Opinión

Pedro Arrojo, diputado de Unidos Podemos en el Congreso por la provincia de Zaragoza.

Con permiso del monotema catalán, me permito pedir atención a los lectores sobre lo nuestro: el ICA, el Impuesto del Agua. Un impuesto injusto con el que el Gobierno de Aragón pretende cubrir el agujero negro de un negocio oscuro, con perfiles más que sospechosos de corrupción: el de la privatización del agua.

Durante casi una década, el ICA se ha cobrado a decenas de pueblos “estafados” del Pirineo, para los que llegaron 140 millones (hoy lo sabemos),  destinados a construir sus depuradoras, declaradas de interés general del Estado y por tanto con derecho al 100% de subvención. La DGA, sin decirles nada, dedicó el dinero a otras cosas, como construir plantas de purines, que costaron más de 20 millones y nunca funcionaron. Además de cobrarles el ICA por esas depuradoras que no se hicieron, se les cobra máximo “canon de vertido” y se les multa por no tener esas depuradoras. Y todo, tras ceder, bajo presión, sus competencias a la DGA.

Por otro lado, habiéndose recibido fondos europeos para construir 40 depuradoras, en Huesca, Teruel y las cabeceras comarcales, los respectivos Ayuntamientos cedieron también sus competencias a la DGA, que a su vez privatizó su gestión. Hoy, los vecinos pagan por el ICA entre 3 y 6 veces lo que les costaba a sus Ayuntamientos gestionar sus depuradoras. Sólo Jaca se rebeló.

En estos días llegarán los recibos del ICA a los vecinos de Zaragoza, que nunca cedió sus competencias, como Fabara y algunos pueblos más. De esta forma la DGA intenta cubrir parte del descomunal agujero financiero que ha generado este oscuro negocio. Ignorando que los vecinos venimos pagando, sin subvención alguna, nuestras depuradoras, se nos cobrarán, si no hacemos nada, dos recibos por un mismo servicio, alegando que debemos ser “solidarios” con el resto de Aragón… Y yo me pregunto ¿con el resto de Aragón? ¿o con la cueva de Ali Babá?

La Cámara de Cuentas, tras múltiples presiones parlamentarias y ciudadanas, presentó este año un informe que ratifica las muchas y graves “irregularidades” cometidas por la DGA y el Instituto Aragonés del Agua – IAA, en la gestión del Plan de Saneamiento y del ICA. “Irregularidades” que van, desde el manifiesto incumplimiento de contratos por parte de las empresas que no construyeron las depuradoras comprometidas, hasta graves y sospechosos “errores” por parte de la DGA, como licitar depuradoras en Ayuntamientos que no habían cedido competencias, como Bielsa.

A pesar de que esas “irregularidades” ya son verdad oficial, tras la publicación del informe de la Cámara de Cuentas, y a falta de saber si la fiscalía anticorrupción y la policía han iniciado investigaciones de oficio discretamente, lo cierto es que, ni se han abierto expedientes a funcionarios y cargos políticos, ni se han exigido daños y perjuicios, en favor de los Ayuntamientos afectados, a las empresas que incumplieron contratos. Y no sólo eso, sino que, según se anunció a principios del verano pasado, la DGA decidió rescindir esos contratos, pero indemnizando a las empresas que los han incumplido. Todavía estoy esperando las explicaciones que le pedí al Presidente de Aragón hace meses, como Diputado que soy, por Zaragoza.

Lo que si ha decidido la DGA es disolver el Instituto Aragonés del Agua-IAA, callando bocas que podrían hablar con contratos fijos privilegiados, en medio de un funeral en el que los problemas de posible corrupción se entierran bajo el muerto.

En todo caso, y más allá de la obligación de aclarar y depurar responsabilidades, tras la rescisión de los contratos del Pirineo y la disolución del IAA, resulta ineludible mirar a los ojos al problema y derogar el ICA, reformar la Ley de Aguas y Ríos de Aragón y promover una nueva estrategia financiera. De entrada, desde mi punto de vista, es ineludible pasar del ICA como IMPUESTO, tan arbitrario como opaco e injusto, a una TASA, lo que exige clarificar costes del servicio y cobrar tan sólo por esos costes. En segundo lugar, debe recuperarse el respeto a la autonomía de los Ayuntamientos que, sin ceder sus competencias, construyen sus depuradoras y las gestionan; al tiempo que debe facilitarse la recuperación de competencias a los Ayuntamientos que, sintiéndose engañados, lo soliciten. Habrá que renegociar los contratos firmados y aligerar el desmedido y sospechoso coste que se cargó sobre los aragoneses, más del doble de la media en España. Y por último, habrá que diseñar una estrategia financiera, verdaderamente solidaria, para cubrir el coste de lo irreversible, asumiendo el lema de “a lo hecho pecho”, pero no antes de levantar alfombras y depurar responsabilidades. Existen múltiples fórmulas, desde cubrir esa financiación solidaria, en una u otra medida, con los presupuestos de Aragón, como hizo el PP con la rescisión de los contratos del Plan Red de Carreteras, indemnizando a las empresas concesionarias; hasta promover un fondo de solidaridad que habría que gestionar con transparencia total, tanto para apoyar la deuda que nos han dejado en Ayuntamientos que cedieron competencias, como para premiar a los que, asumiendo su responsabilidad, desarrollen buenas prácticas, como Fabara.

Recurso de reclamación del impuesto al agua

 

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