Una oportunidad perdida de saber la verdad

guillermo
Articulo de Opinión

Guillermo Lázaro, coordinador del grupo municipal de Zaragoza en Común.

De pocos responsables políticos se puede oir que acudan a las 7:00 de la mañana a un centro municipal a inspeccionar lo que allí sucede, pero Alberto Cubero y Teresa Artigas, concejales de Zaragoza en Común, se presentaron a esa hora en los centros de tratamiento de aguas que gestionaba DRACE, la filial de ACS de Florentino Pérez, para comprobar in situ y por sorpresa los incumplimientos y deterioros que venían denunciando varios sindicatos.

Pese a constatar que existían deficiencias e incumplimientos por valor de 211.000 euros, en vez de poderse proceder al cese del gerente de Ecociudad nombrado por el PSOE, Miguel Ángel Portero, se comenzó una etapa de bloqueo político por parte de PP, PSOE y Ciudadanos que ha impedido que se conozca la realidad de lo sucedido.

En realidad ese bloqueo no es sino otra constatación de que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay una opción política, Zaragoza en Común, decidida a cambiar las cosas y acabar con el trasvase de dinero público por parte de las multinacionales que gestionan las contratas; mientras tiene enfrente a un tripartito de facto, PP, PSOE y Ciudadanos, que parecen defender más los intereses de esas grandes compañías que los de los trabajadores y la ciudadanía en su conjunto.

La Comisión de Investigación de Ecociudad del pasado mayo es otra buena muestra de ello. En vez de servir para conocer porque se le perdonan trabajos a una empresa como DRACE fuera del cauce reglamentado para ello, la comisión se centra en atacar a aquellos que hicieron posible que se conocieran los hechos y los pusieran en conocimiento de la Fiscalía por si hubiera habido delito. Si el Partido Popular hubiera actuado así en Madrid o Valencia, se hubiera cortado antes el grifo a los corruptos.

La negativa de ese tripartito a que se pudiera preguntar a los responsables políticos de ese momento, los socialistas Belloch y Carlos Pérez, convierte a esa Comisión en un simulacro y una oportunidad perdida de investigar los hechos y saber la verdad. Una vez que la vía penal, tras cambiar de testimonio un testigo (cada cual es libre de pensar por qué lo hizo), ha quedado cerrada, la Comisión era la última vía de investigar.

¿Puede una ciudad con la deuda que tiene Zaragoza soportar que las contratas sigan incumplimiendo lo pactado? Eso supone peores servicios públicos, peores condiciones laborales y peor control del gasto público. Algo que con la remunicipalización, frustrada de nuevo por ese tripartito, pudo empezar a cambiar.

Igual de grave, a mi juicio, son las pocas herramientas políticas que al gobierno municipal le quedan para poder revertir estas y otras situaciones. La conformación de mayorías en los consejos de administración de las sociedades municipales impide que el gobierno pueda gobernar en servicios esenciales como el saneamiento y que sea la oposición la que lo haga, en colaboración con un gerente en el que Zaragoza en Común ha reiterado no tener confianza alguna.

Este texto pertenece a la 1ª edición del periódico ‘La Plaza’, editado por Podemos Zaragoza, del que este verano se reparten 35.000 ejemplares de modo gratuito para informar a la ciudadanía sobre este y otros asuntos relacionados con la gestión de un bien necesario para la vida como es el agua.

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