El Partido Popular, ahogado en la marea de corrupción del Canal de Isabel II

10

Pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. No son delitos imputados a Al Capone o Vito Corleone, sino al ex presidente de la Comunidad de Madrid y número 2 de Esperanza Aguirre en el PP madrileño, Ignacio González. El político ha dado con sus huesos en la cárcel junto a 11 personas en el marco de la Operación Lezo que, entre otros delitos, investiga la corrupción en la gestión del agua mediante el Canal de Isabel II de Madrid, el ente público responsable de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid.

Entre los 12 detenidos, por el momento, se encuentran también el cuñado de González y algunos directivos de empresas, como Javier López Madrid, directivo de la constructora de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir (también investigado). López Madrid es un habitual de las causas contra el Partido Popular: Desde su condena en las Tarjetas Black cuando era consejero de Bankia a ser investigado por la trama Púnica y se hizo conocido para el gran público al recibir mensajes de apoyo de la reina Leticia. Lezo es una operación ‘de altura’ contra la corrupción en la gestión del agua que implica, como es obvio, a corruptos pero también a los empresarios que corrompen.

La Audiencia Nacional considera que González cobró comisiones ilegales por adjudicaciones relacionadas con el Canal de Isabel II y que, también, se enriqueció ilegalmente mediante plusvalías ilícitas en diversas inversiones de dicho Canal.

LEYES QUE FAVORECEN EL DESCONTROL

La corrupción que se ha destapado en la gestión del Canal de Isabel II es fruto, sin lugar a dudas, de la enorme desregulación llevada a cabo por el Gobierno, mediante la proliferación de normas que complican el control público, como por ejemplo el Decreto 51/2002 que amplía las funciones del Canal de Isabel II, la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas que permite al Canal la creación de sociedades anónimas y abre el acceso de capital privado al 49% de sus acciones.

La Sociedad Anónima Canal de Isabel II, creada en 2008 por el PP, fue opaca desde su inicio, ya que no se publicaron los documentos sobre su modelo de gestión. Ajena al control parlamentario y a la fiscalización de sus decisiones, ni siquiera hay informes de inspección de la Cámara de Cuentas, y sus cuentas tampoco son públicas. Las decisiones de su Consejo de Administración son un misterio incluso para los representantes de los ayuntamientos.

Las grandes decisiones ya no se toman, ni siquiera, en dicho Consejo sino que emanan directamente del entorno del presidente. Todo esto, sumado a la deficiente regulación, ofrece los mimbres necesarios para fabricar una auténtica trama de corrupción… con sede en un paraíso fiscal cualquiera.

En la larga lista de irregularidades, como la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote por valor de 106 millones de euros sin preguntar siquiera al Gobierno de la Comunidad de Madrid, destaca la utilización del Canal de Isabel II en la trama Púnica. Sí, la trama en la que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Así se explicaría, por ejemplo, que una veintena de amigos, familiares y antiguos cargos del PP encontraran trabajo en el Canal mientras se acumulaban los becarios y el personal con contratos precarios.

El Canal de Isabel II, por supuesto, tampoco es transparente para la ciudadanía. La información de su página web es muy escueta, apenas hay una red de centros de atención al cliente. Y se informa sobre las inversiones en proyectos como los campos de golf en el parque de Chamberí, los Teatros de Canal, el chalet en el embalse protegido de Santillana… al tiempo que se llevan a cabo subidas del precio del recibo del agua y cortes de agua por impago llevados a cabo de forma ilegal tal y como dejó claro una sentencia del Tribunal Supremo en noviembre de 2015, en la que se indicaba que “el servicio de agua es una tasa, no una tarifa, por lo que el corte del servicio es ilegal”.

La corrupción en el Canal de Isabel II, que podría asemejarse mucho al Plan de Saneamiento en Aragón, demuestra nuevamente que es necesario que las instituciones apuesten por una gestión del agua cien por cien pública, que esté orientada hacia la calidad en la prestación del servicio y al uso sostenible del agua, la gestión transparente y la adecuada rendición de cuentas, de una manera democrática y abierta a toda la ciudadanía.

LA CONNIVENCIA DE LA FISCALÍA

La actuación de la Fiscalía, y, en especial del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y el uso que de la justicia está haciendo el PP para tapar y minimizar su corrupción es la gota que colma el vaso en esta sucia historia. Moix intentó que no se llevaran a cabo uno de los registros planteados. Para ello contó con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. Los fiscales que llevan 18 meses investigando este asunto tuvieron que invocar el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía para convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro.

Todas las alarmas respecto a las motivaciones del nombramiento de Moix saltan al conocerse unos mensajes entre Eduardo Zaplana, ex-ministro de Aznar, y el propio González sobre los movimientos para promocionar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción: “Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, sabes? Y… Yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix. Es un tío… Serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa Catalá. Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto”, escribe González.

La seriedad de Manuel Moix es mirar hacia otro lado durante años cada vez que aparecía un escándalo que afectase al PP: pidió el archivo del Caso Gestapillo de Madrid, quiso atacar a los medios que publicaron los correos de Blesa, no quiso acusar a Aguirre por fugarse de los agentes de movilidad o el que no vio delito alguno en la operación del campo de golf del Canal de Isabel II.

Este texto pertenece a la 1ª edición del periódico ‘La Plaza’, editado por Podemos Zaragoza, del que este verano se reparten 35.000 ejemplares de modo gratuito para informar a la ciudadanía sobre este y otros asuntos relacionados con la gestión de un bien necesario para la vida como es el agua.

View Fullscreen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR