España, un país de aguas corruptas

11

De Norte a Sur, de Este a Oeste, la corrupción se extiende por España como un cáncer que hay que extirpar a tiempo. Y cuando afecta a algo tan importante como la salud pública mediante la gestión del agua, ya son palabras mayores. En Aragón la nefasta gestión de los recursos hídricos por parte del Gobierno ha puesto en riesgo la salud de los aragoneses.

En 1997, con Aznar como presidente del Gobierno, se crearon en las distintas cuencas las sociedades estatales de aguas; entre ellas ACUAEBRO, Aguas de la Cuenca del Ebro S.A., con CANASA —Canal de Navarra SA–, CASEGA –Canal Segarra-Garrigues– y DEPURBAIX -Depuradora del Baix Llobregat, como filiales. En 2013, el Gobierno fusionó ACUAEBRO con ACUANORTE y ACUASUR, formando ACUAES —Aguas de las Cuencas de España–. En esa misma línea, en 2004, se creó ACUAMED, sobre la base de la Sociedad Estatal Infraestructuras del Trasvase S.A que debía gestionar el proyectado Trasvase del Ebro. En 2010 el Gobierno decidió que ACUAMED absorbiera ACUASEGURA y ACUAJÚCAR.

Estas sociedades, tuteladas por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente se crearon para gestionar competencias del Estado en materia de fomento de obra pública hidráulica, con el fin de facilitar la inversión privada en obras hidráulicas. El entonces ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, llegó a presentar estas sociedades como empresas de transición hacia fórmulas avanzadas de privatización en materia de aguas. La estrategia preveía afrontar con capital público las principales inversiones en grandes infraestructuras, como grandes presas, asumiendo su falta de rentabilidad, fuertes riesgos financieros y largos periodos de amortización, para posteriormente dar entrada al capital privado en actividades y proyectos derivados con garantías de beneficio.
Podría servir de ejemplo la estrategia desarrollada en el sistema Itoiz-Canal de Navarra.

La masiva inversión en el embalse (460 millones de euros) fue hecha por el Estado; la del Canal (483) la hizo CANASA (ACUAES), con 60% de fondos estatales y 40% de la Diputación Foral. Sin embargo, la gestión de la zona regable se ha concesionado a Acciona, Caixa, Agbar y OHL, bajo un “peaje en la sombra” del Gobierno de Navarra, que garantiza a estas empresas un negocio seguro. Los regantes deben pagar unos 280€ por hectárea al año, mientras el Gobierno navarro asegura a las empresas, con el peaje en la sombra, otros 680 € por hectárea al año, durante 30 años. De esta forma, tomando la referencia que supone la ampliación del regadío en Canal de Navarra en su primera fase, estas empresas, con una inversión de unos 140 millones, se garantizan unos ingresos en 30 años de 450 millones, sin riesgo alguno. Mientras tanto, CANASA, que junto al Estado asumió la inversión más pesada, con fondos estrictamente públicos (presa y canales), está al borde de la quiebra.

EMPRESAS QUE ELUDEN RESTRICCIONES Y NORMATIVAS

La inversión privada nunca llegó al cuerpo central de estas sociedades, con lo que el capital, tanto de ACUAES como de ACUAMED, es 100% público. Lo que sí han conseguido es gestionar las inversiones públicas en obra hidráulica de forma oscura, favoreciendo la corrupción. Adoptando esta estructura empresarial, la gestión de las inversiones públicas se substrae a los mecanismos habituales de la Intervención del Estado que, aun siendo imperfectos, suponen un control no despreciable; se eluden restricciones funcionariales en la contratación de personal, favoreciendo el sometimiento de los empleados por miedo al despido, y se eluden las obligaciones de transparencia que la ley exige en las Confederaciones Hidrográficas. De esta forma, ACUAES y ACUAMED han visto protegida su opacidad desde su derecho a preservar la privacidad de sus datos de gestión, como si fuesen empresas privadas
Pues bien, ACUAES es la empresa que gestiona desde Madrid, de forma opaca, el abastecimiento de Zaragoza y de unos 40 municipios de la provincia, desde ese macro-sistema absurdo (con una inversión de 165 millones) que trae agua desde Yesa para luego bombearla, Jalón arriba y Huerva arriba, hasta la Almunia y Cariñena, habiendo aguas de mejor calidad cerca, en la sierra de Águilas, a un coste de 2 € por metro cúbico (agua bruta, sin depurar ni potabilizar), que en un 35% paga el Estado (es decir todos y todas) y en un 62% los vecinos de Zaragoza, aunque no usemos ese agua.

Tales son el oscurantismo y las malas prácticas de este tipo de empresas que ACUAMED, planificó nada más y nada menos que contaminar el Ebro con salfumán. Lo hizo para beneficiar los intereses económicos de FCC, que había sido contratada por la Confederación Hidrográfica del Ebro para descontaminar el río con un contrato de casi 200 millones de euros. Incluso llegó a probar echándole unos bidones a la parte del río que estaba embalsada en Flix (Tarragona) para comprobar que el pH del agua del río bajaba.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los servicios esenciales, como el agua, quedan en el punto de mira de las constructoras. Así, Aqualia, la filial de gestión de agua de FCC, es uno de los sectores que más ingresos generan a la matriz, casi el 30% de su facturación. ACS, que preside Florentino Pérez, se ocupa a través de Urbaser del ciclo integral del agua. Muy polémica es su gestión de las depuradoras de Zaragoza y Ferrol, en donde una visita sorpresa de su alcalde, Jorge Suárez de Ferrol en Común, confirmó que no depuraba y donde el agua que entraba sucia por un conducto se devolvía al mar sin tratar a pesar de que los vecinos pagaban una tasa de entre 80 y 140 euros anuales.

Por su parte, Acciona se hace cargo de la explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatización por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operación nada transparente que ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Así que cuando usted, querido/a lector/a escuche al político o empresario de turno decir que es mucho mejor la gestión privada que la pública –en este y cualquier otro ámbito-… piense muy detenidamente por qué hace esta afirmación.

Este texto pertenece a la 1ª edición del periódico ‘La Plaza’, editado por Podemos Zaragoza, del que este verano se reparten 35.000 ejemplares de modo gratuito para informar a la ciudadanía sobre este y otros asuntos relacionados con la gestión de un bien necesario para la vida como es el agua.

View Fullscreen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR