La opacidad de Ecociudad

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Ecociudad es es la empresa municipal que gestiona desde 2012 los servicios de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Zaragoza. Lo primero que llama la atención es que la gestión de un servicio esencial como éste no es una competencia del gobierno, sino de un Consejo de Administración. Es decir, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, no puede gestionar cómo se depuran las aguas en la ciudad, quedando esa labor en manos de un gerente, Miguel Ángel Portero, nombrado por el PSOE e impuesto por PP, PSOE y Ciudadanos al Gobierno que ha pedido en varias ocasiones su cese o su jubilación al superar los 65 años.

UNA INSPECCIÓN SORPRESA

La gestión de Ecociudad ha sido y es una cuestión opaca, donde al Gobierno de Zaragoza en Común no le han dejado poder levantar alfombras y no porque no lo haya intentado: En octubre de 2015, el consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y la concejala de Medioambiente, Teresa Artigas, acudieron a las 7.00 horas a la planta depuradora de La Almozara para realizar una inspección sorpresa a la empresa que la mantiene y gestiona, Drace, filial de la multinacional ACS. El resultado de esa visita fue la apertura de expedientes sancionadores por los clamorosos incumplimientos del contrato que comprobaron in situ: Falta de personal, las mejoras que ofertó para ganar el contrato no estaban hechas y el mantenimiento de las máquinas no era adecuado. Portero informó que un mes antes de cambiar de gobierno, habían renegociado las mejoras con la empresa sin informar ni consensuarlo con el consejo de administración, como según los informes jurídicos debería haber sido preceptivo.

Mientras Teresa Artigas denunciaba la existencia de “equipos estropeados y sin reparar desde hace años,”, Cubero cargaba contra la contrata: “Vamos a ser muy beligerantes con esta y otras empresas que engañan y estafan a la administración”. Detrás de ello, la inexistencia de inspecciones a las contratas de los gobiernos anteriores de PSOE y PP, algo con lo que ha acabado Zaragoza en Común.

A partir de esta inspección, el propio alcalde Santisteve inició un proceso de información reservada instruido por una funcionaria y que concluyó con un informe a la Fiscalía para que evaluara su repercusión penal. Aunque el Fiscal vio indicios de delito y denunció al juzgado, el cambio de testimonio de uno de los imputados, el jefe de planta, que se desdijo de su declaración anterior, provocó el sobreseimiento penal del caso.

Además, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en el consejo de administración por no sancionar a DRACE por esos incumplimientos, por lo que los más de 200.000 euros comprometidos por la empresa no han sido ejecutados sin castigo para la misma.

VERTIDOS CONTAMINADOS

Otra contrata municipal, Veolia Water Systems, que es una de las principales multinacionales del agua que controla más de 3.000 depuradoras en todo el mundo entre ellas la de La Cartuja, también ha sido objeto de controversia. al no depurar dentro de los estándares de calidad marcados y lanzar vertidos contaminados al río Ebro. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) multó al Ayuntamiento con 60.748 euros por la contaminación del río y propuso una indemnización, por daños al dominio público hidráulico de 21.448.80 euros. A su vez, el ayuntamiento, sancionó a la contrata con 278.000 euros que esta vez sí se pudo cobrar ya PP, PSOE y Ciudadanos no se opusieron en el Consejo de Administración de Ecociudad. Teresa Artigas, señaló que es indignante que una empresa como Veolia “no cumpla con los estándares de calidad y contamine el río Ebro, que es el principal patrimonio natural de Zaragoza”.

DESPILFARRO Y DERROCHE EN EL CUS

Un día después de la inspección de Cubero y Artigas, el gerente de Ecociudad reacciona a la misma, reclamando cuatro facturas de más de 500.000 € correspondientes al amueblamiento del Centro de Urbanismo Sostenible (CUS).

El actual área de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza que dirige Fernando Rivarés descubre en ese momento que el mobiliario que se reclama que se pague no ha sido ni recepcionado ni inventariado como bien municipal por lo que procede a anularlas. Entre esas facturas de muebles y decoración hay objetos como un reloj de sol por valor de 15.430 €.

“Los vecinos y vecinas no pueden pagar 500.000 € por unas facturas ya abonadas de un mobiliario del que no hay registro y que se han quedado en un cajón durante cinco años”, aseguró Rivarés.

El CUS se construyó en 2006 y se presupuestó en 1,5 millones pero acabó costando más de 4,2, casi el triple. Es otro ejemplo más de despilfarro que sale a la luz, y que le cuesta al año a los zaragozanos medio millón de euros la gestión de un edificio cuyo espacio museístico recibió en 2016 apenas 2.000 visitantes.

REMUNICIPALIZACIÓN FRUSTRADA

La remunicipalización de la contrata de depuración ha sido otro de los campos de batalla entre Zaragoza en Común y la oposición en Ecociudad. Mientras que los primeros han defendido siempre una gestión del agua en manos públicas y no de multinacionales, PP, PSOE y Ciudadanos se han posicionado totalmente en contra de los argumentos que daba ZeC así como trabajadores de la contrata, sindicatos y tejido social.

La remunicipalición de la depuradora de La Almozara hubiera supuesto, según informes de los técnicos municipales, hasta un ahorro del 13,5%, unos 173.000 euros;. Sin embargo, la unión de los votos de los tres partidos de la oposición, tanto en el pleno como en el Consejo de Administración, dió al traste con la remunicipalización sacándose de nuevo a licitación el servicio.

UN ‘CIRCO’ DE COMISIÓN

El último episodio, de momento, de los intentos de ocultar y tapar la gestión de Ecociudad desde su creación se dió con la comisión de investigación que propiciaron PP, PSOE y Ciudadanos por la puesta en conocimiento a la Fiscalía de los incumplimientos de la contrata detectados por el equipo de Zaragoza en Común.

En la comisión, celebrada a puerta cerrada, se volvió a evidenciar cómo Miguel Ángel Portero había negociado una modificación de contrato con DRACE careciendo de competencias para ello, tal y como indican los informes jurídicos municipales, dado que el Consejo de Administración era el órgano de contratación competente para ello e informando únicamente a sus superiores, el excalde Juan Alberto Belloch, y el actual ,portavoz del PSOE zaragozano, Carlos Pérez Anadón.

Sin embargo, nuevamente la oposición consideró que no era necesario llamar a declarar a esos responsables y han impedido que se pueda esclarecer las motivaciones detrás de los apaños con la contrata mientras acusaban a Santisteve y Artigas de perseguir al gerente de la sociedad municipal.

Para Teresa Artigas, la comisión de investigación “ha sido un circo. No se ha querido investigar ni el fondo del asunto ni la gestión de Ecociudad”. A su juicio, “las conclusiones estaban pactadas de antemano” y sólo buscan tapar lo sucedido.

Este texto pertenece a la 1ª edición del periódico ‘La Plaza’, editado por Podemos Zaragoza, del que este verano se reparten 35.000 ejemplares de modo gratuito para informar a la ciudadanía sobre este y otros asuntos relacionados con la gestión de un bien necesario para la vida como es el agua.

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