La segregación que pagamos todos

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Por Alfonso Alegre, profesor y economista.

La evolución demográfica hace que algunas aulas concertadas ya no sean necesarias. La discriminación que practican los colegios concertados no debe subvencionarse.

Este año se renuevan los conciertos educativos en la Comunidad Autónoma de Aragón y la polémica está servida. Las cifras son aplastantes, cada vez hay menos niños. Y las razones son varias: inmigrantes que regresan a sus países de origen, miles de jóvenes españoles que ahora viven en Londres o en Berlín y muchas familias que, en las condiciones de precariedad actuales, se piensan dos veces el hecho de tener hijos. De este modo, cada vez hacen falta menos aulas. Si existe capacidad en la escuela pública para absorber ese alumnado, ¿tiene sentido pagar a una empresa privada por un servicio que no hace falta? Imaginemos que se contrata a una empresa de jardineros para cuidar un jardín público y, pasado el tiempo, en el lugar en el que estaba ese jardín se construye un polideportivo. ¿Tendría sentido seguir pagando a la empresa para cuidar un jardín que ya no existe? En educación pasa exactamente eso, subvencionamos colegios para que atiendan a niños que ya no nacen.

Cuando se explica este fenómeno demográfico desde la patronal de las escuelas privadas subvencionadas, estas argumentan sobre la libertad de elección de los padres, algo que absolutamente nadie cuestiona. Los padres tienen el derecho a elegir centro como tienen el derecho a escoger clínica o coche. Lo que se cuestiona aquí es si lo debemos pagar con el dinero de todos. Especialmente si esa forma de gastar el dinero no es la más eficiente; y desde luego no lo es pagar dos veces por lo mismo.

El problema es que la patronal de la concertada habla de libertad de elección cuando lo que quieren decir en realidad es libertad de selección. O, más claramente, que con el dinero de todos se practique segregación del alumnado. La escuela pública de Zaragoza tiene cuatro veces más alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que la concertada y el 60% de los centros concertados segregan abiertamente, porque tienen menos del 1% de este tipo de alumnado.

¿Cómo es posible esta segregación? Básicamente, generando barreras económicas: chándales de 300 euros, cuotas trimestrales por proyectos educativos, cuotas ‘voluntarias’, extraescolares obligatorias dentro del horario escolar, obligatoriedad de facto de usar transporte escolar porque los colegios están situados en zonas deshabitadas (como la carretera de Logroño) y una larga lista que para conocer con exactitud no hay más que llamar a uno de estos centros y preguntar. Así, buena parte de la población, la que tiene menos recursos, no puede acceder a estos centros, a pesar de estar sostenidos con fondos públicos.

El segundo mecanismo que usan estos centros para discriminar es el de emplazar a determinados alumnos que requieren de mayor apoyo educativo (por ejemplo síndrome de Down, autismo, problemas visuales severos, etc.) a cambiar de centro. De esta forma se evitan gastar en los recursos que este tipo de alumnado requiere.

Lo verdaderamente grave no es que haya colegios que segreguen al alumnado, que ya lo es suficientemente de por sí. El problema es que estos centros, que además en muchos casos ni siquiera hacen falta, se estén financiando con dinero público, es decir, que, desde la Consejería de Educación y con pleno conocimiento de la situación, se esté gastando el dinero de todos para segregar al alumnado. Confiemos en que la consejera de Educación, Mayte Pérez, no renueve los conciertos educativos de estos colegios que segregan al alumnado, de hacerlo será su cómplice.

Por Alfonso Alegre, profesor y economista.

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